¿CUÁNTO LE CUESTA LA DELINCUENCIA A NUESTRO PAÍS?

 

Esta imagen fue creada con Inteligencia Artificial a través de Gemini

Llevo años estudiando el fenómeno en el que se ha convertido la delincuencia en nuestro país y no me refiero solo a la delincuencia organizada que ya ha permeado los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, haciéndonos parecer por momentos a México con escenarios que prefiero no detallar. Esto va mucho más allá de lo social o de lo que sale en los noticieros, afecta la economía, encarece la operación de los comercios, frena la inversión extranjera, consume recursos públicos que deberían destinarse al desarrollo y también golpea el turismo, la imagen internacional y la reputación institucional de Panamá, lo que muchos ven como un problema de seguridad es, en realidad, una de las cargas más costosas para el país.

Llevamos cerca de 20 años repitiendo que “vivimos en el país más seguro de la región”, pero esto ya no es verdad y lo sabemos. Vivimos, más bien, en un país donde se gasta más en seguridad que en educación, salud, deporte o agricultura, y ese gasto, lejos de ser estratégico, se ha convertido en una carga pública y privada sin resultados visibles en las calles. Cuando la seguridad deja de ser garantía y pasa a ser autodefensa, el país comienza a perder valor ante sus ciudadanos, empresarios, visitantes y mercados.

 

IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

La delincuencia afecta la tranquilidad, pero también los balances de las empresas, las proyecciones fiscales y la dinámica económica de las comunidades. Si en países con características similares representa entre el 3% y el 8% del PIB anual, en Panamá podríamos estar hablando de entre $2,300 y $6,000 millones al año. Ese es el costo oculto que terminamos pagando todos en mayores precios, menos empleo, menos inversión y menor crecimiento.

 Aquí conviene distinguir dos conceptos, “un país con seguridad”, que no es más que aquel que necesita vigilancia pública o privada para proteger a personas y comercios y el otro es “un país seguro”, que es aquel donde la gente puede transitar sin temor a ser asaltada o robada en la calle. Panamá invierte cada vez más en lo primero, pero no logra lo segundo, y esa diferencia se refleja en más presupuesto para cercas, alarmas, cámaras, guardias y cerraduras, y menos recursos para crecimiento, innovación, contratación o mejoras salariales, es dinero que sale de la operación productiva para cubrir gastos que no generan retorno.

 

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Es aquí donde viene lo espeso de la sopa, cuánta competitividad perdemos por no tener un país seguro, cuánta inversión deja de llegar, cuántos negocios quiebran o reducen jornada, cuántas personas pierden el empleo, cuántos comercios solo operan de día porque ya no pueden abrir de noche. La delincuencia de calle ha afectado barrios, distritos y provincias enteras, y pareciera que a nadie le importa ver esto con la seriedad que merece.

Cada comercio que cierra antes de tiempo pierde una parte importante de sus ventas diarias, cada empresa que contrata seguridad asume un costo que en muchos casos erosiona su ganancia anual, cada proyecto extranjero que descarta a Panamá por percepción de inseguridad significa menos empleos, menos tecnología y menos recaudación. A eso se suman la caída en productividad por temor, los problemas de movilidad, la desvalorización de zonas comerciales y las inversiones que nunca llegaron o se fueron a mercados más estables.

 Siento gran frustración por este tema porque le he dado seguimiento a esto por años y he visto cómo se acumulan casos sin solución, mientras muchas veces quienes delinquen parecen tener más privilegios que los ciudadanos de bien, entretanto, el costo económico sigue creciendo. El Estado destina cada año más de mil millones de dólares entre policías, equipamiento, procesos judiciales, atención hospitalaria y sistema penitenciario. Si, además, sumamos lo que gastan comercios y familias en protegerse y lo que deja de moverse en la economía por la interrupción de actividades, el impacto supera cualquier medida de austeridad o reforma tributaria reciente.

            

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Muchos culpan a los medios, otros a los colegios, otros a la pérdida de valores en el hogar, pero pocos señalan a las autoridades que, sabiendo quiénes son, cuántos son, dónde operan y cómo se organizan los delincuentes, no hacen lo suficiente para controlar una realidad que le está haciendo un daño profundo a la economía nacional. La delincuencia reduce inversión, empleo formal y valor inmobiliario, y obliga a trasladar costos al precio final de productos y servicios, deteriorando la competitividad del país.

 

IMPACTO EN EL TURISMO

El daño no se queda en la economía interna, también golpea al turismo, uno de los sectores con mayor capacidad para mover empleo, consumo e inversión. El turista no escoge un destino solo por sus playas, hoteles o atractivos históricos, también busca tranquilidad para caminar, movilizarse, hospedarse y consumir. Cuando aumenta la inseguridad, el visitante reduce su gasto, limita sus desplazamientos o simplemente decide no venir.

 Cada noticia de asaltos y robos en lugares donde transitan muchos turistas, cada zona que pierde vida nocturna segura y cada comercio que cierra temprano representa dinero que el país deja de captar. Aquí no pierde solo el hotel; pierden restaurantes, taxistas, guías, pequeños comercios, centros comerciales y el propio Estado. La delincuencia vuelve al turismo una actividad frágil y defensiva, cuando debería ser una fuente confiable de ingreso nacional.

Además, cuando un visitante se lleva una mala experiencia, principalmente por temas de seguridad, no solo deja de regresar, también se convierte en un canal de mala referencia. En turismo, la recomendación vale tanto como la infraestructura, un país puede tener grandes atractivos, pero si el visitante siente que debe andar mirando por encima del hombro y para todos lados como abanico giratorio, pierde competitividad frente a destinos más tranquilos y confiables.

 

IMPACTO EN LA IMAGEN DEL PAÍS

La delincuencia también deteriora la imagen del país, y la imagen de un país es un activo estratégico. influye en cómo nos ven inversionistas, viajeros, empresas extranjeras, organismos internacionales y hasta nuestra propia ciudadanía. Cuando la delincuencia se vuelve persistente y visible, Panamá deja de proyectarse como un país de oportunidad y empieza a ser percibido como un territorio con debilidades para proteger a su gente, sus comercios y su actividad productiva.

 Una imagen deteriorada se traduce en dudas sobre el orden, la estabilidad y la conveniencia de invertir, instalarse, expandirse o promover al país. Panamá compite con otros mercados por atraer turistas, eventos, sedes regionales, talento e inversión. En esa competencia, la imagen pesa mucho. Y creo sinceramente que eso puede estar empezando a pasarnos y, si no hacemos algo ya, en pocos años podríamos lamentarlo aún más.

 También hacia adentro el efecto es serio, un país que se acostumbra a convivir con la delincuencia termina normalizando el deterioro, debilitando la confianza ciudadana, el sentido de pertenencia y la expectativa de futuro. Esa resignación hace que la sociedad deje de exigir lo básico: poder vivir, circular, trabajar, invertir y emprender sin miedo.

  

IMPACTO EN LA REPUTACIÓN NACIONAL E INSTITUCIONAL

Si la imagen es la primera impresión, la reputación es la evaluación que se construye con el tiempo. Y allí el daño puede ser más profundo, la delincuencia sostenida, sobre todo cuando se percibe tolerancia, inacción, inoperancia o incapacidad de respuesta, destruye la reputación del país y de sus instituciones, la reputación no se recupera con discursos, sino con resultados.

 La reputación internacional de Panamá depende de su capacidad para demostrar gobernabilidad, control territorial, protección del comercio, seguridad ciudadana y funcionamiento institucional real. Cuando eso se debilita, al país se le exigen más garantías, más controles y más condiciones, y muchas veces se le conceden menos oportunidades. Por eso hay que definir qué queremos ser, “un país seguro o un país con seguridad”, porque no significan lo mismo.

 A nivel interno, cada avance de la delincuencia sin control deteriora la credibilidad de las instituciones encargadas de contenerla, y cuando la ciudadanía deja de confiar en ellas, se rompe aún más el tejido social. También el sector privado sufre, porque un país con mala reputación obliga a sus empresas a explicar más, justificar más y defender más su operación ante socios, clientes e inversionistas. Aunque una empresa haga bien su trabajo, igual carga con el peso del entorno país.

 

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UNA FACTURA QUE NO SOLO ES ECONÓMICA

Es hora de aplicar correctivos antes de que esto se salga totalmente de control, un país que destina más dinero a contener los efectos de la delincuencia que a fortalecer las bases del desarrollo va en dirección contraria. No hay economía que crezca con libertad cuando ciudadanos, emprendedores y empresas viven bajo autocautela permanente. No hay competitividad posible cuando el costo país sube por factores que sí tienen solución, pero que no se enfrentan con la determinación necesaria.

 Tampoco hay turismo sólido, imagen fuerte ni reputación creíble cuando la delincuencia gana terreno, la factura no es solo económica, es social, comercial, institucional, territorial y estratégica y la pagamos cuando suben los costos, cae la inversión, cierran negocios, se frenan proyectos, el turista no regresa, el inversionista duda, el país pierde prestigio y la ciudadanía deja de creer.

 Quiero con esto hacer conciencia de que no tenemos un país seguro cuando los comercios deben pagar por seguridad, cuando debemos tener cámaras para cuidar nuestra propiedad o cuando algo tan simple como dejar una mochila con un equipo electrónico dentro del auto ya no se puede por temor a que te la roben. Un país verdaderamente seguro es aquel donde la actividad económica fluye sin interrupciones, las familias circulan sin temor, el turismo se mueve con libertad, la imagen internacional inspira confianza y la reputación institucional transmite firmeza. Mientras sigamos confundiendo un país con seguridad con un país seguro, seguiremos pagando una factura silenciosa, acumulativa y devastadora.

Espero que esta reflexión llegue a personas con verdadero interés en hacer que las cosas pasen y que los cambios se den, porque acabando con la delincuencia de calle también se golpea la corrupción y se recupera un país con ganas de crecer y salir adelante. El verdadero desarrollo no se construye solo con infraestructuras o cifras macroeconómicas, sino garantizando que vivir, trabajar, invertir, emprender y recorrer el país no sea un acto de riesgo. Cuando esa garantía exista, Panamá no solo será más seguro, sino también más próspero, competitivo, respetado y fuerte.